• El titular de Mar hace valer la que es unas de las reivindicaciones más destacadas de la flota gallega: un cambio normativo para que la política comunitaria sea más social y más adaptada a desafíos como el clima y el relieve generacional

• La Xunta también expone una reformulación del Fempa, en el sentido de que se reasignen los fondos para mejorar las infraestructuras portuarias autonómicas y se habiliten más ayudas al marisqueo a pie afectado por los parones temporales

El conselleiro doMar, Alfonso Villares, defendió una reforma de la Política Pesquera Común (PPC) para que esta se adapte a las necesidades de la cadena mar-industria gallega. Esta reforma debe incluir una regionalización de la normativa europea y, por tanto, tener en cuenta las propuestas y participación proactiva de las autoridades regionales en la futura toma de decisiones que se lleven a cabo en Bruselas en este sentido.

Así lo expuso este martes en la reunión mantenida al más alto nivel por el Comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, los responsables de las comunidades autónomas del ramo, y las entidades representantes del sector pesquero, acuícola y de las mujeres.

De este modo, el Gobierno gallego, a través del conselleiro Villares, aprovechó la primera visita que el chipriota realiza a España desde su designación como comisario europeo de Pesca dentro del Ejecutivo comunitario, para hacer valer lo que es unas de las reivindicaciones más destacadas de la flota gallega: un cambio normativo para que la PPC sea más social y más adaptada a desafíos como el clima y el relieve generacional. Cabe destacar que la española es la primera pesquería de la Unión con 8.432 barcos, de los que 4.153 son gallegos, a los que hay que añadir los 1.283 auxiliares de acuicultura.

Este encuentro se enmarca en la consulta pública que Europa abrió sobre la normativa europea. De hecho, la previsión anunciada es que la finales del verano el Ejecutivo comunitario presentará un informe, dejando los posibles cambios legislativos para 2026. En definitiva, lo que se propuso desde Galicia es una descentralización de la norma europea que permita una gestión pesquera eficaz y que implique una reformulación de la cooperación entre las partes interesadas y la garantía de una participación proactiva de las autoridades en la toma de decisiones, junto a las instituciones comunitarias, comunidad científica, representantes del sector y las ONGs.

Reprogramación del Fempa

En respuesta a los intereses del sector marítimo-pesquero gallego, Villares expuso, en segundo término, la importancia de reprogramar el Fondo Europeo, Martítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa), con el objetivo de que el sector del mar aproveche estos recursos de una manera más eficaz y productivo, y de que las futuras inversiones alcancen la productividad deseada. Sin embargo, la propuesta de Galicia contempla la reordenación de los fondos de manera que, Portos de Galicia, como nuevo organismo intermedio de gestión en el programa, disponga de 7.081.706 euros para mejorar diversas infraestructuras portuarias que beneficiarían a las instalaciones de Burela, Cobres, Fisterra, Moaña, Morás, Muros, Portosín, Portocubelo, San Cibrao, Sanxenxo y Tragove, además de otras actuaciones de mantenimiento.

La paralización temporal de actividades pesqueras es otro de los aspectos que contempla esta reorganización, pues el Gobierno gallego entiende que se deben incluir a otros departamentos en su gestión. Así, la propuesta incluye la reasignación de un millón de euros a la Dirección General de Desarrollo Pesquero, OIX que se encargará de la gestión de las posibles paradas temporales del marisqueo a pie. Esto permitiría incrementar la dotación de las ayudas existentes o habilitar nuevas aportaciones en esta o en próximos ejercicios, a través de este departamento.

El Fempa está dotado con 6.108 millones de euros, siendo España, con el 21,1% (1.120 millones de euros), el principal país perceptor. De esta cantidad, el Estado reservó 233,4 millones y dejó los 886,6 millones para las comunidades autónomas. En esta distribución, Galicia percibirá más de 4 de cada 10 euros destinados a las autonomías, o lo que es el mismo, el 41,3% del total (366,2 millones de euros).